Rosa Díez pregunta al Gobierno sobre discriminación lingüística en Baleares

30.04.08

Como parte de su intensa actividad parlamentaria, Unión, Progreso y Democracia presenta hoy en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno sobre discriminación lingüística en Baleares. Debajo, el texto de la pregunta.

Pregunta al gobierno para la que se solicita respuesta por escrito:

A la mesa del Congreso de los diputados.

Dña. Rosa Díez Gonzalez, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO sobre la discriminación lingüística resultante del Decreto de uso de las lenguas oficiales del Gobierno de Baleares.

Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2008

El Gobierno de Baleares ha lanzado una campaña de normalización lingüística que pretendería revitalizar el Decreto de uso de las lenguas oficiales, de ese mismo Gobierno, de 1990. Aunque el objetivo oficial de dicha campaña es el fomento del uso del catalán en las Islas, de la lectura de su contenido se deduce de modo inequívoco que su verdadera pretensión es la expulsión del castellano o español, la lengua oficial del Estado y la común a todos los ciudadanos españoles, del espacio público en las Islas Baleares.
En efecto, de aplicarse plenamente el referido Decreto de acuerdo con el sentido que le atribuye la campaña presentada por Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Gobierno balear, resultaría la práctica prohibición de que los ciudadanos residentes en Baleares puedan emplear la lengua española en los tratos con la administración autonómica, sea a título particular o en nombre de algún colectivo o empresa. También se prevé la eliminación de señalización y rotulación en castellano, de publicaciones oficiales de la administración autonómica que empleen el castellano, o de herramientas informáticas en nuestra lengua común. En definitiva, esta campaña pretende erradicar el bilingüismo de la administración autonómica y de todas las relaciones de ésta con los ciudadanos de las islas Baleares, incluidos servicios básicos como la sanidad y la educación. De tener éxito esta campaña, el castellano pasaría a convertirse en una lengua de uso exclusivamente privado, y el catalán en la única lengua oficial, y por tanto pública, de Baleares.
La Constitución española declara al español o castellano la lengua oficial del Estado, recogiendo la realidad social de que esta es la lengua común usada corrientemente, a diario, por la gran mayoría de la sociedad española, incluso en las comunidades autónomas bilingües, como es el caso de Baleares. La Constitución también reconoce la cooficialidad de las lenguas locales en las comunidades autónomas bilingües, e incluso prevé su especial protección (artículo 3.3). Ahora bien, la “especial protección” no puede interpretarse racionalmente, de ninguna manera, como la exclusión de la lengua común y oficial del Estado del espacio público de las comunidades autónomas bilingües, como Baleares. Esta es sin embargo la pretensión última de las políticas de la llamada “normalización lingüística”, que pretenden combatir el bilingüismo normal existente en las comunidades españolas bilingües para sustituirlo por un anormal modelo de diseño que discrimina a la lengua común y convierte a la lengua local en la única lengua del poder político, discriminando por tanto a los ciudadanos que prefieran el empleo del castellano por cualquier razón, convertidos de hecho en ciudadanos de segunda desprovistos de algunos de sus derechos elementales. Un objetivo que colisiona frontalmente con los fines generales de libertad e igualdad de los ciudadanos que consagra la Constitución española, al margen de cual sea la lengua materna de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que la misión principal de cualquier Gobierno de España es la defensa de la integridad de la Constitución, así como la vigilancia y garantía de la vigencia efectiva de sus derechos y obligaciones comunes,

1. ¿Qué va a hacer su Gobierno para impedir la discriminación por razones lingüísticas que impone el decreto de “normalización lingüística” del Gobierno de Baleares?

2. ¿Qué iniciativas piensa adoptar para impedir la expulsión del español de la administración balear prevista en ese decreto?

3. ¿Qué piensa hacer su gobierno para asegurar la vigencia en Baleares del derecho constitucional al uso público del español o castellano?