El anuncio de congelación salarial de los funcionarios se ha hecho a través de la Conselleria de Educación y Cultura, la conselleria, con la de Sanidad, que más funcionarios tiene en su haber. UPyD aplaude la intención del Govern, necesaria en momentos de tan aguda crisis, aunque teme que la intención no llegue al hecho, ya que los partidos que componen el Pacte volverán a adoptar su acostumbrada actitud pusilánime y no querrán enemistarse con los sindicatos ni con el funcionariado, donde tienen los partidos del Pacte su semillero particular de votos, especialmente en educación. Lo funcionarios deben comprender que en un escenario de descenso del IPC de un 1%, mantener los sueldos es ya respetar el poder adquisitivo. Este gesto será reconocido y agradecido por el resto de la sociedad.

Otro es el problema de la congelación de las mejoras salariales que el Govern había pactado para 2010 con los profesores de la enseñanza concertada (para acercarse a la equiparación salarial con los profesores de la pública) y para trabajadores de sanidad y otras consellerias (complementos por antigüedad y otros conceptos de carrera profesional). Estos compromisos, que no pueden considerarse subidas salariales sino ajustes salariales, deben respetarse. UPyD se admira de la miopía económica exhibida por el Govern, idéntica a la miopía del Gobierno de Zapatero, que comprometió estos gastos en momento de crisis pensando que la crisis no iba a afectar la recaudación de impuestos. Ahora bien, dado que el Govern ha terminado por aceptar la evidencia, la brutal caída de la recaudación, es el momento de apelar también a la responsabilidad de los sindicatos y funcionarios afectados, para negociar otros plazos en los que poder ver satisfechos estos compromisos con los profesores de la concertada y trabajadores de sanidad y otras consellerias.

UPyD quiere llamar la atención sobre lo evidente: los presupuestos dependen de la recaudación y si aquéllos son superiores a ésta, se tiene que recurrir a la emisión de deuda, es decir, a la sustracción futura de dinero de los ciudadanos vía impuestos. Y esto en época de crisis es restar recursos de las economías familiares, restar su capacidad de ahorro y su capacidad de inversión. El sueldo de los funcionarios, que es en muchas consellerias la partida de gasto más importante, proviene, como todos los gastos y servicios públicos, del dinero de los contribuyentes (entre ellos, evidentemente, los propios funcionarios) y no se puede pedir a éstos, en momento de grave crisis, que mermen su poder adquisitivo, para financiar con él el mantenimiento del poder adquisitivo de aquéllos.

Ahora bien, esta congelación salarial será inútil y poco ejemplar si a la vez no se toman muchas más medidas de austeridad que las aplicadas a los funcionarios: eliminación de complementos de indemnización de altos cargos, congelación de los sueldos de los políticos, restricción de las comisiones de servicio, restricción y profesionalización de asesores, eliminación de gastos superfluos, reducción más que notable del presupuesto destinado a normalización lingüística, eliminación de duplicidades de servicio, etc.