22.05.08

Tras dos años de diferencias, los representantes de los 27 Estados miembros se han puesto de acuerdo en una nueva legislación con normas comunes mínimas sobre el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen. El último punto de discordia, sobre la garantía de asistencia jurídica para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según han dicho fuentes diplomáticas.
El texto pactado por unanimidad entre los embajadores de la Unión Europea debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera un debate muy arduo, antes de su aprobación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.
Otro de los aspectos contemplados en la directiva acordada hoy es que los inmigrantes ilegales no podrán entrar de nuevo al bloque durante un plazo de cinco años, medida polémica criticada por los grupos de derechos que afirman que socava los derechos humanos.
"Esta directiva establecerá un conjunto común de reglas aplicables a los nacionales de terceros países que se quedan ilegalmente en el territorio de los Estados miembros", dice la UE en un comunicado.
El plazo de 18 meses es más alto que el máximo período de detención en dos tercios de los 27. Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida.

Apoyo legal no garantizado

La versión final del acuerdo no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda "puede" darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales, explicaron a la agencia Efe fuentes comunitarias. Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los clandestinos que no tienen suficientes medios para obtener asistencia legal.