La
UE alcanza un acuerdo sobre la norma para devolver a los inmigrantes
ilegales
 06.06.08
El texto pasará ahora al Parlamento, donde le espera
un debate arduo Los ministros
de Interior de la Unión Europea (UE) han aprobado
hoy la directiva de retorno de los inmigrantes sin papeles,
que establece unos criterios mínimos en los 27 países
comunitarios, entre ellos un internamiento de hasta seis
meses ampliable a 18 si hay problemas de identificación.
El Consejo de Ministros ha aprobado el texto en el inicio
de la sesión de hoy, según han informado fuentes
comunitarias. La presidencia eslovena de turno confía
en que el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión,
apoye el texto en primera lectura sin aprobar enmiendas,
han añadido las fuentes.
La Eurocámara tiene previsto debatir el próximo
día 17 esta legislación, que ha generado controversias
en buena parte de los grupos políticos y eurodiputados.
El
Gobierno, satisfecho
La secretaria de Estado española
de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí,
ha recalcado a su llegada al Consejo que la directiva "es
equilibrada, garantista y armónica" a la hora
de conjugar la lucha contra la inmigración sin papeles
y el respeto por los derechos humanos. Rumí ha destacado
que la nueva norma "marca unos mínimos que no
existían en algunos países".
El texto establece un período de salida voluntaria
de los indocumentados de siete a treinta días. También
fija un período máximo de retención
de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales
para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas
para obtener la documentación de países terceros.
Nueve países --Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca,
Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda-- no tienen
ningún período máximo de retención
de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar
internados de forma indefinida.
Asistencia
jurídica gratuita
La directiva
entrará en vigor dos años después de
su publicación en el diario oficial de la UE, es
decir a mediados del 2010 si es aprobada por la Eurocámara.
Mientras que el mecanismo acordado sobre la asistencia jurídica
entrará en vigor en el 2013.
Este mecanismo, cuya discusión ha retrasado la aprobación
del texto, prevé que la asistencia jurídica
sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
Otro elemento es que la Comisión Europea se compromete
a desbloquear dinero del Fondo de Retorno de inmigrantes
ilegales para financiar dicha asistencia en los países
que lo requieran.
Los estados y la Eurocámara pactan la norma de expulsiones
Los 27 embajadores permanentes de la UE, los representantes
de la Comisión Europea y la Eurocámara alcanzaron
ayer el que parece que será el acuerdo definitivo
sobre las reglas que regirán la expulsión
de los inmigrantes irregulares de la UE.
La polémica normativa, que prevé la posibilidad
de confinar a los sin papeles en centros de retención
hasta 18 meses, está previsto que sea refrendado
hoy por el Consejo de ministros de Justicia e Interior.
La presidencia eslovena se vio obligada ayer a reabrir el
debate debido a las discrepancias que persistían
sobre la obligación o no de dar asistencia jurídica
gratuita a los sin papeles que presenten recurso. Algunos
países como Alemania se oponían a facilitar
abogados gratis por el coste económico mientras que
la Eurocámara insistía en mantener esta exigencia
para garantizar los derechos de los inmigrantes.
El texto pactado por los 27 reconoce la obligación
de dar asistencia legal gratuita de acuerdo con la legislación
de cada país, pero limitada a las disposiciones del
estatuto del refugiado del 2005.
La nueva ley mantiene el resto de puntos negociados a finales
de mayo. Un período de retención de seis meses
ampliable a un máximo de 18, posibilidad de repatriar
a los menores no acompañados, posibilidad de utilizar
la fuerza si fuera necesario durante la expulsión
y prohibición de reentrada en los países de
la UE durante cinco años para los inmigrantes repatriados.
BERLUSCONI
MATIZA
Por otra parte, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi,
dijo ayer que no ha dado "marcha atrás"
sobre la intención de su Gobierno de tipificar como
delito la inmigración ilegal y que su cambio de parecer
sobre este hecho expresado el martes tras reunirse con Nicolas
Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero es
solo "una opinión personal". Según
Berlusconi, la prensa tergiversó sus palabras, actuando
de "mala fe".
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