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Piden
que se cumpla la sentencia sobre la demolición del
puente del riuet de Porto Cristo
13.06.08
La plataforma de afectados se dirige al TSJB para que ponga
plazo
La Plataforma de vecinos afectados por la construcción
del puente elevado del riuet de Porto Cristo que preside Jaume
Vives, pide hoy viernes al Tribunal Superior de Justicia de
Baleares (TSJB) “la ejecución inmediata de la
sentencia firme emitida por el TSJB, donde la alta instancia
judicial promulgó una resolución, donde había
que reestablecer el urbanismo perturbado y la zona debía
de dejarse como estaba antes de las obras, lo que implicaba
la demolición del puente elevado sobre el riuet de
Porto Cristo”.
Los vecinos recuerdan al TSJB que el Tribunal Supremo “no
admitió a trámite el recurso del ayuntamiento
de Manacor y dio por buena la sentencia del TSJB, la cual
se convertía en firme e inapelable”.
Los abogados de la Plataforma se personarán esta mañana
en el TSJB y solicitarán el cumplimiento de la sentencia
e instarán al alto tribunal para que ordene al ayuntamiento
de Manacor el cumplimiento de la ley. Según los vecinos
denunciantes y afectados “han pasado 2 meses desde que
el TS emitió el auto de rechazo e inadmisión,
60 días que establece la ley para solicitar oficialmente
la ejecución de la misma”.
Como se recordará, el TSJB sentenció que el
mencionado puente no estaba incluido en el Plan Director de
Carreteras, ni en el Plan Territorial de Mallorca y declaró
nulas las modificaciones de las Normas Subsidiarias y Complementarias
de Manacor, las cuales pretendían darle cobertura a
las obras. También declaró el TSJB que las dimensiones
del puente y su altura nunca se contemplaron en las normas
de 1980, base que utilizó el Plenario para ratificar
el nuevo proyecto.
La sentencia decreta que todo vuelva al principio, lo que
supone según los vecinos “la demolición
del puente por ser doblemente ilegal, su dimensión
y altura, además de construirse como la prolongación
de una calle sin estar autorizado”.
El ayuntamiento de Manacor pidió ayuda al presidente
del Govern, Francesc Antich, y a la presidenta del Consell
de Mallorca, Francina Armengol, ya que las tres instituciones
fueron las promotoras de las obras a partes iguales, pagando
400.000 euros cada una de las 3 administraciones públicas.
El puente se hizo a instancias de la Agrupación Independiente
de Porto Cristo (AIPC ) y secundado por los 21 ediles que
integran la corporación municipal y el apoyo económico
de Govern y Consell; un proyecto a tres bandas sobre el cual,
según Pastor, deberían pronunciarse Antich y
Armengol antes de verse obligados a la demolición y
conocer la opinión de los servicios jurídicos
de ambas instituciones supramunicipales y saber si queda alguna
instancia jurídica donde se pueda presentar recurso
extraordinario, “porque podría darse la paradoja
de presentar un proyecto de demolición y paralelamente
otro de construcción y este último ser legal
con un puente parecido, siempre y cuando esté el puente
incluido en el Plan Director de Carreteras y se modifiquen
las alturas”. |
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