Rosa
Díez arranca su labor de control al Gobierno con una
batería de 30 preguntas, en su mayoría sobre
terrorismo
25.04.08
La diputada de Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), Rosa Díez, integrada en el Grupo Mixto del
Congreso, ha arrancado su labor de control parlamentario al
Gobierno registrando una batería de una treintena de
preguntas, en su mayoría sobre terrorismo, para las
que solicita respuesta por escrito. Díez ya había
presentado una iniciativa legislativa sobre la reforma del
sistema electoral, una de sus promesas programáticas,
con la que se estrenó en sus tareas parlamentarias.
El
terrorismo constituye el tema central de los interrogantes
que Díez ha planteado al Gobierno y a los que ha tenido
acceso Europa Press. Así, entre otras cuestiones, la
líder de UPyD se interesa en conocer las cantidades
satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros
y por el Ministerio de Interior para resarcir a los afectados
por los últimos atentados cometidos por ETA.
Entre
otros, cita los que tuvieron lugar contra la Comisaría
de la Ertzaintza de Zarautz (Guipúzcoa), contra la
sede de los Juzgados de Vergara (Guipúzcoa), contra
el edificio del Jugado de Paz de Sestao (Vizcaya), contra
el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya), contra
las sede del PSE de Derio y Balmaseda (Vizcaya), contra la
casa cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) o
el que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006 contra el aeropuerto
de Madrid-Barajas, que costó la vida de dos ciudadanos
ecuatorianos.
En
esta línea, Díez se interesa por que el Gobierno
detalle cuántos procesos relativos al bloqueo de la
financiación del terrorismo de ETA y a otras organizaciones
terroristas de carácter yihadista o islamista, se han
iniciado, terminado o están en curso durante la pasada
legislatura.
Las cuentas de ETA
Sobre esta cuestión, también pide al Ejecutivo
que especifique qué resultados se han derivado de
la actuación de la Comisión de Vigilancia
de Actividades de Financiación del Terrorismo, cuántas
operaciones han sido bloqueadas y cuál es su cuantía.
Asimismo, quiere conocer el número y el tipo de sanciones
impuestas por dicho organismo a las entidades obligadas
por la de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación
del Terrorismo y el nombre de las mismas.
Además,
la diputada de UPyD ha registrado una pregunta en la que
le reclama al Gobierno que aclare si está conforme
con que los once empleados del Partido Comunista de las
Tierras Vascas (PCTV-EHAK) cobren el seguro por desempleo
tras la suspensión de actividades partido.
En
su escrito, Díez señala que la Inspección
de Trabajo de Guipúzcoa ha emitido un informe recomendando
la tramitación de un expediente de regulación
de empleo (ERE) referido al PCTV, un informe, añade,
que ser aceptado por la autoridad laboral, implicaría
la posibilidad de que los 11 empleados del PCTV pasaran
a percibir las prestaciones del seguro de desempleo, y eso
que nueve de ellos están imputados por delitos terroristas
dado que su actividad laboral dentro del partido se presume
delictiva.
En
otro orden de cosas, UPyD pide al Gobierno que dé
cuenta de sus previsiones para mejorar las retribuciones
del personal de la Administración General del Estado
y de minorar las diferencias con respecto a las comunidades
autónomas y ayuntamientos de más de 250.000
habitantes, y de su intención de abrir un expediente
al Ayuntamiento de San Cugat (Barcelona) por presunción
de ilegalidad al promover la anulación del acuerdo
adoptado sobre la declaración de independencia de
Kosovo.
El caos de la Justicia y el "Caso Mariluz"
Díez
también recoge el "caso Mari Luz" para
denunciar el "caos" que, a su juicio, preside
la fase de ejecución de sentencias penales en España.
En este apartado, la diputada de UPyD denuncia por su "pasividad
e ineficacia" al Ministerio de Justicia y al Consejo
General del Poder Judicial y reprocha al Ejecutivo que no
desarrolle "una verdadera política estratégica
global" en esta materia para adelantarse a los problemas
y "no reaccionar tarde y mal".
En
este contexto, la ex europarlamentaria socialista reclama
al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
que informe del número de ejecuciones penales pendientes
en España, el tiempo medio de resolución y
la cifra de personas que se encuentran en busca y captura
hasta el presente mes. Además, insta al Gobierno
a que precise si tiene previsto diseñar un sistema
informático a nivel nacional para conocer la situación
personal de todo condenado penalmente.
Pero,
del mismo modo, quiere conocer, entre otros asuntos, las
medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para conseguir una
coordinación directa y eficaz de los órganos
judiciales con instituciones penitenciarias y policía,
y para dotar a las comunidades autónomas de los medios
materiales y personales suficientes para garantizar que
los jueces y los tribunales cumplan eficazmente su función.
Reforma del sistema electoral
Al paquete de preguntas que Díez ha registrado en
el Congreso el pasado viernes se añade además
una proposición de ley sobre la reforma del sistema
electoral, uno de los tres ejes básicos del programa.
En
su iniciativa, la líder de UPyD plantea elevar a
400 el número de diputados del Congreso, la mitad
de los cuales se elegirían en circunscripciones autonómicas
y la otra mitad en una estatal. Además, propone que
la circunscripción electoral pase a ser la comunidad
autónoma en lugar de la provincia y que se establezca
una circunscripción única a nivel nacional.
En
su argumentación, UPyD defiende este sistema como
"el más proporcional, estable y democrático"
para el conjunto de los ciudadanos, al tiempo que confía
en que esta propuesta sea un primer punto de partida para
analizar el "necesario" cambio del sistema electoral
con el resto de fuerzas parlamentarias.
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