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LLENGUA |
Juan
Luis Calbarro |
Si
no fuera para llorar
30.05.08
Si la cosa no fuera tan triste, sería como
para hacer bromas. ¿En qué otro lugar del mundo
unos poderes públicos democráticamente elegidos
se ocupan de eclipsar en todo lo posible una de las dos lenguas
oficiales del territorio (que además es la lengua común
de la Nación, la lengua materna mayoritaria, la lengua
de los negocios y una de las más habladas y prestigiosas
del mundo), excluyendo su carácter vehicular en la
escuela a todos los niveles, prohibiendo su uso en la administración,
en la sanidad y en cualquier otra instancia oficial salvo
excepción? ¿En qué país, además
de España y si excluimos a las dictaduras más
paranoicas, se permiten las autoridades incluso orientar a
los ciudadanos sobre qué lengua deben usar en su vida
privada, habilitar cauces para que los ciudadanos normalizados
denuncien a los revoltosos que insisten en usar la lengua
maldita y penalizar a quienes no sigan determinadas directrices,
invirtiendo en ello cuantiosos recursos procedentes de la
contribución de una ciudadanía que permanece
muy mayoritariamente ajena a esta absurda preocupación?
Pues bien, esto es lo que ocurre en buena parte de España,
y en particular en Baleares; y algunos creen que todo este
majadero atropello es progresismo.
En Unión, Progreso y Democracia asistimos asombrados
–una vez más– a la iniciativa de los departamentos
de política lingüística del Govern, del
Ayuntamiento de Palma y de los Consells insulares: una campaña
–Ara és la teva– de matices que rozan la
xenofobia y después de cuyas medidas, si se ha de profundizar
en esa línea, sólo cabe ya la prohibición
y la persecución directa de los ciudadanos reacios
a normalizarse. Es una gran desfachatez dedicar la acción
de gobierno a decirle a cada cual en qué idioma debe
hablar, tildando la lengua materna de la mayoría de
los habitantes de Palma de impuesta; pero aún lo es
más es si atendemos al enorme dispendio que suponemos,
con cargo al bolsillo de los contribuyentes que ya están
normalizados y de los que no lo estamos ni lo estaremos.
UPyD se compromete, si en futuros comicios llega a las instituciones,
a trabajar para la eliminación de la Dirección
General de Política Lingüística y de los
demás organismos superfluos que han aflorado en torno
al esperpento identitario; la derogación de la Ley
de Normalización Lingüística y de toda
normativa que discrimine el castellano; y la anulación
de cualquier otra medida que atente contra la libertad lingüística
de todos y cada uno de los ciudadanos, hablen éstos
lo que deseen hablar.
Juan Luis Calbarro es coordinador en Baleares
de UPyD |
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