A partir de la aprobación de la normativa, se iniciará un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.

Esta cartera se aprobará mediante un decreto, fórmula que ha obtenido el respaldo de todos los grupos al considerar que de este modo habrá más flexibilidad a la hora de modificarla cuando sea necesario en función de las necesidades de la sociedad balear.

De acuerdo lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.

Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.

Así se cumple una de las reclamaciones de los populares que solicitaban el poder participar en la elaboración de una cartera que, han exigido, no podrá suponer nunca una rebaja del actual gasto que la comunidad realiza en servicios sociales ni un descenso en la financiación que en esta materia reciben consells y ayuntamientos.

Conviene señalar que otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consellerias de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convierten desde en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita, según aclaró la consellera del ramo, Fina Santiago.