El
Gobierno aprueba la cuarta reforma que experimentará
la norma en ocho años
27.06.09 - El Gobierno aprobó
ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga
a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no
al «acogimiento humanitario», y que amplía
el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las
garantías y el apoyo de las ONG.
El proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración
supone la cuarta reforma de ley de extranjería en
ocho años.
Así lo aseguró la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión
del Consejo de Ministros, en la que ha apuntado que con
este nuevo texto se pretende «pasar de una ley de
extranjería a una de inmigración».
El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su Integración Social, será enviado al Congreso
para su tramitación parlamentaria.
Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una
inmigración «legal, ordenada, integrada, con
derechos y obligaciones de ciudadanos», para lo que
ha «apostado por el consenso, el rigor y la eficacia».
Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto
de ley «perfecciona el sistema de flujos migratorios
en función del mercado de trabajo», aumenta
lucha contra la inmigración irregular y favorece
la integración de los inmigrantes mediante iniciativas
educativas.
También se reforma el sistema de la agrupación
familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan
65 o «existan casos humanitarios» y posibilitando
la de la parejas de hecho.
De la Vega expresó su confianza en que «todos
los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad,
el consenso que necesita esta ley».
La vicepresidenta recordó que el texto incorpora
las aportaciones de organismos como el Consejo Económico
Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración,
la Comisión Interministerial de Extranjería
o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes,
añadió.
El texto incide en las garantías en los procedimientos
de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad
para graduar las propuestas de sanción.
En cuanto a los menores no acompañados, el texto
prevé la celebración de una audiencia del
menor en los procesos de repatriación.
