En un intenso debate, el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, que intervino en la sesión plenaria, reclamó al equipo de gobierno 627.000 euros, cifra que corresponde a las inversiones previstas en el POS para este municipio y que ha sido una de las cantidades derogadas por el Consell. Ante esta decisión, el primer edil anunció que acudirá a los juzgados para presentar un contencioso administrativo contra la Institución, alegando que el Consistorio ha actuado de forma 'totalmente correcta'.
Por su parte, el conseller de Cooperación Local, Miquel Rosselló, justificó la retirada de las subvenciones al aseverar que las obras afectadas no se han certificado correctamente, al tiempo que aludió a los 'serios' problemas de financiación del Consell.
En concreto, de los 1,5 millones globales, 1,16 millones corresponderían ser abonados por el Govern y el Ministerio de Administraciones Públicas, mientras que los 400.000 restantes pertenecen a la Institución Insular.
Los municipios que se han visto afectados por la cancelación de las partidas son Calvià (con dos proyectos ejecutados), Manacor (cuatro), Marratxí (uno), Santa Margalida (uno), Selva (tres), Sóller (uno), Alcúdia (uno), Son Servera (dos), Banyalbufar, Llucmajor, Pollença, Porreres y Santanyí, todos estos con un trabajo de construcción, además de la mancomunidad del Raiguer (tres).
En declaraciones a los medios tras el debate de la reprobación, Pastor aseguró sentirse 'sorprendido' por la decisión del Consell ya que técnicamente la documentación está entregada, por lo que que tildó la situación de 'muy grave' al provocar que los Ayuntamientos 'tengan que presentar contenciosos'. 'No nos han pagado todavía, ni siquiera las obras pertenecientes a 2002, mientras algunos consellers vinieron a inaugurar algunos de los proyectos', recriminó.
Respecto a la propuesta lanzada por Rosselló de dedicar un mayor número de ayudas, en el Plan de Obras y Servicios de 2009, a los municipios afectados en la actualidad, el alcalde de Manacor aseveró no querer que 'nos regalen nada, sino que se haga justicia', incidiendo en que las subvenciones y documentos están 'bien acreditados'. En este sentido, consideró 'impresentable' que 'ni siquiera nos hayan dado oportunidad de defendernos en este proceso'.
Por el contrario, Rosselló subrayó que las obras no fueron bien certificadas por lo que el Consell no podrá asumir las partidas, aunque aseguró que la Institución será 'muy sensible' en 2009 a la hora de ayudar a los Consistorios perjudicados.
En el momento en que el departamento de Cooperación Local inició los trámites para la revocación de las subvenciones, los ayuntamientos afectados presentaron varias alegaciones, de las cuales fueron estimadas las de Palma, Marratxí, Pollença , localidades que finalmente sí recibirán las subvenciones previstas. El resto de alegaciones no fueron aceptadas debido a problemas en su tramitación.